Rafael Mata Olmo
Departamento de Geografía, Universidad Autónoma de Madrid

Este año que comienza se cumple el décimo aniversario de la aprobación del Convenio Europeo del Paisaje (CEP). El primer decenio del siglo XXI ha sido en buena parte de Europa y especialmente en España una etapa de grandes cambios territoriales, de consecuencias negativas para la calidad y los valores de muchos paisajes. Bajo la lógica implacable del mercado, la magnitud y celeridad de dichos cambios, ligados en buena medida a la urbanización, pero también a procesos de intensificación y abandono agrarios, han generado en la opinión pública la impresión de que se trata de hechos inevitables, de dinámicas incontrolables.

El Convenio se incorpora, así, a la arena política en una coyuntura poco favorable, navegando en muchos casos contra corriente, pero con planteamientos renovadores y muy necesarios en los tiempos que corren. Todos los paisajes son importantes. Ese es, a mi juicio, el mensaje mayor del Convenio; por eso la política que el tratado preconiza no es meramente reactiva o protectora de lo notable; es sobre todo proactiva, dirigida a todos los paisajes, a los sobresalientes y a los banales, a los cotidianos y a los visitados, a la calidad del entorno vital de las personas.

Esa toma de posición ante el paisaje -ante cada paisaje-, llena de retos teóricos y prácticos, está guiando en Europa las políticas de países, regiones y localidades. Es la primera conclusión a la que se llega tras la lectura del libro Ordenació i gestió del paisatge a Europa, editado por el Observatori del Paisatge de Catalunya, segunda entrega de la colección 'Eines'. La obra cumple su función de eina (de herramienta), porque aporta una panorámica rica y esclarecedora de iniciativas de acción paisajística en países europeos que cuentan ya con experiencia antes de la aprobación del Convenio, y en otros, como Cataluña y buena parte de las comunidades autónomas del Estado español, que han incorporado el paisaje a su agenda la política tras la aprobación del Convenio. En todos los casos el Convenio se perfila como punto de encuentro, como plataforma, como lenguaje compartido de la renovada política de paisaje. Éste es un hecho positivo, que debe ser destacado, por encima de los problemas e incertidumbres que la implementación del CEP suscita.

La organización del libro en tres grandes bloques -herramientas de ordenación y gestión, de integración, y de concertación de estrategias sobre paisaje- se ajusta a los instrumentos creados y desarrollados por la Ley catalana de paisaje. Pero, más allá de eso, la obra responde con buen criterio a los grandes ejes de una acción paisajística, pública y privada, destinada a todos los paisajes y a las plurales dimensiones del hecho paisajístico: a la ordenación y gestión del territorio con criterios y objetivos de calidad paisajística; a la integración de nuevos usos, infraestructuras y elementos construidos en la identidad de cada paisaje; y a una forma de gobierno del territorio, basada en la participación y la concertación.

Las opciones políticas y técnicas para la formulación de directrices de paisaje, y las escalas de intervención, varían según países y regiones. No obstante la mayoría se vinculan a la gestión del territorio y a los instrumentos de planificación territorial, superando en la práctica determinados planteamientos legales, como los de la ley italiana de bienes culturales y del paisaje, en los que el tratamiento de éste sigue siendo proteccionista y singularista.

La acción paisajística se fundamenta además en una tarea de conocimiento y valoración sistemática del paisaje, de la que se carecía hasta ahora. Se trata de un asunto complejo y abierto, fruto de la concepción integradora de paisaje adoptada, sin metodología preestablecida, y del compromiso de actuar sobre todo tipo de paisajes. No obstante, las experiencias recogidas en el libro citado sobre atlas, catálogos e inventarios ponen de manifiesto un esfuerzo de convergencia, por encima de sesgos disciplinares, hacia el conocimiento territorial del carácter de los paisajes, de su identidad, de lo que los hace diferentes, y no mejores o peores que otros. Velar por la salud de los paisajes, protegiéndolos en unos casos, gestionando e integrando nuevos usos, recuperándolos e incluso creándolos, implica atender prioritariamente al carácter del territorio percibido socialmente. Junto a los atlas y catálogos, las guías de buenas prácticas y de criterios de integración paisajística como las elaboradas en el Reino Unido, en Italia o Suiza, y de forma destacada en Cataluña, inciden también en el papel central de la noción de carácter a la hora de tomar decisiones sobre la mitigación de impactos y la integración de infraestructuras.

Los diez primeros años de vida del Convenio Europeo del Paisaje y el rico repertorio de experiencias, de logros y de frustraciones que el libro del Observatori recoge, remiten a mi modo de ver al gran asunto de fondo, más allá de aspectos técnicos y administrativos en los que será preciso progresar en el futuro. Me refiero al reto de gobernanza que plantea el tratado en torno a la protección, a la gestión y a la ordenación del paisaje. En un contexto de desregulación generalizada, de desmovilización social y de deterioro de los modos tradicionales de hacer de la democracia representativa, con el "mercado como nuevo árbitro del bienestar social", el Convenio plantea de forma más o menos explícita nuevas maneras de conocer y de actuar en el ámbito de la calidad de vida de las personas. Junto a la coordinación y a la cooperación de las administraciones públicas, la acción paisajística requiere participación, implicación y concertación como las que promueven las cartas del paisaje en Francia o Cataluña. Requiere también, además de procedimientos y de instrumentos reglados, plataformas y redes de ciudadanos, de instituciones y de técnicos comprometidos con los valores del paisaje, capaces de mantener el impulso de la agenda paisajística por encima de coyunturas políticas y económicas, en un ejercicio de democracia deliberativa y de fomento de la cultura del territorio.

Rafael Mata Olmo Departamento de Geografía, Universidad Autónoma de Madrid